A propósito de conmemorarse hoy el 64 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue emitido hoy un informe negativo debido «al progresivo deterioro en derechos humanos».

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera como inexistente la seguridad pública.

La entidad emitió un documento en el que destaca que más de 290 personas han perdido la vida en este año a manos de agentes policiales y más de 14 mil denuncias de atracos y robos se han registrado en las fiscalías barriales, en las cuales las víctimas han afirmado que en al menos un 7% han participado agentes policiales, personas vestidas de policías, o que se hacían pasar por agentes del orden.

Indican que diversas instituciones sociales estiman que ha habido un incremento en la tasa de homicidios en este año, situándolos por encima de los 1,800, mientras que la Procuraduría General de la República registra hasta el mes de agosto 1,432 personas muertas en acciones violentas, entre ellas 136 con “acción policial.

En el caso de los feminicidios, señalan que el país ocupa uno de los primeros cinco lugares en el mundo con mayores tasas de mujeres asesinadas por sus parejas, alcanzando hasta el mes de noviembre de este año la cifra de 168 casos registrados.

En tanto el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, condenó el asesinato la semana pasada por manos de agentes policiales de tres de seis presuntos integrantes de una banda en Cambita Garavito, en San Cristóbal, quienes se dedicaban a robar motores en la zona.

Asimismo, Mercedes exigió a las autoridades competentes la destitución del diputado del Movimiento de Izquierda Unida (MIU), Luisín Jiménez, tras encabezar junto a otros diputados la petición al jefe de la Policía, Mayor general José Armando Polanco Gómez, de que tengan «mano dura» y que «le den pa’ bajo» a los delincuentes.

El dirigente social consideró la labor de Mejía como “legislador no grato”, que no cumple con sus funciones, y opinó que con esa sugerencia lo que ha hecho es incentivar más el incremento de la violencia y la delincuencia. “La Constitución prohíbe la pena de muerte”, recalcó. FUENTE LISTIN.COM.DO